EL BIEN COMÚN

Cuando las cenizas de diciembre de 2001 todavía no se habían apagado, muchos argentinos sentimos la necesidad de mirar hacia atrás y sondear todas las etapas de la vida nacional y buscar las distintas génesis de cómo habíamos llegado a aquella situación. El revisionismo histórico fue auge tanto en programas de televisión y libros, como en discursos políticos y actos partidarios. El transcurso de 10 años de modernidad e irrestricción de importaciones hicieron mella en una sociedad que tomó su cultura y su historia como aquellos electrodomésticos “made in Taiwan” que se tiraban ni bien comenzaban a fallar. La cultura descartable había llegado a su fin y era hora de recuperar el camino. Pero ¿cómo?
La primera conclusión versó sobre la falta de un proyecto nacional a largo plazo, un poco culpa de las constantes interrupciones militares y otro poco por la falta de predisposición de los gobiernos entrantes de seguir con el plan de quienes les dejaban el cargo. No hubo en el siglo XX la decisión política de proyectar un plan consensuado a futuro para que el país gozara de un proyecto nacional duradero, que tuviera en cuenta a todos los habitantes y se autoexcluyera de intereses partidarios o de clase.
Pero las antinomias son parte de nuestra cultura y no hubo lugar para esas opciones. Desde unitarios y federales, civilización y barbarie, liberales y conservadores, personalistas y antipersonalistas o aristocracia o la chusma, negritos, bárbaros, etc; nadie pudo resistir la tentación de dar un golpe de volante y hacer todo lo opuesto a lo que se llevaba realizado.
La otra conclusión que todo debimos sacar en aquellos primeros retoños de 2002 era que las urgencias que tenía el país no se lograrían eliminar con un mandato, o a lo sumo dos, sino que debería ser la consecuencia de un plan a una treintena de años como mínimo para comenzar a ver resultados. Y por esto se debe echar por tierra una tradición de casi 200 años de divisiones, y de proyectos de país totalmente contrapuestos.
La clase política no pareció haber asimilado este reclamo social y sigue buscando la ruptura, cuando en realidad la búsqueda debería ir hacia el consenso. A partir de la derogación de la normativa 125 en el Congreso, la mayoría de las leyes que avanzan sobre este nuevo modelo de país a largo plazo que tiene en mente el gobierno, pasan por el Poder Legislativo para darle fuerza de ley. En lugar de ampliar la discusión hacia los ciudadanos y así darle mayor participación a esta democracia indirecta, los políticos de las minorías que no están de acuerdo con las leyes promulgadas bañan de intereses partidarios o de mayorías automáticas las mismas leyes que por una supuesta rebeldía no votan ni discuten.. Con eso le restan aquel apoyo que hace que la ley sea respetada y doctrinada; el sustento de que son el fiel reflejo de las personas que gobiernan mediante sus representantes.
Mucho se habla al día de hoy de un proyecto nacional y popular, algo que la actual administración lleva adelante como premisa principal. Pero la lucha no solo está reservada al sistema político, la sociedad no siempre suele mostrarse con la virtud que debería hacerlo. El cambio se debe profundizar a nivel cultural y dejar de lado viejos pensamientos y maneras de operar que nos vienen heredadas de los 90 y del fatídico menemismo. Esto también será cuestión de tiempo y de saber elegir. De entender que lo principal no son los intereses de clase o personales sino comenzar a pensar en unas palabras que hoy solamente asoman en algunas bocas o en algunas actitudes: el bien común. Ese que algún día hará un país más justo, más equitativo y donde todos tengamos las mismas herramientas para vivir; desde la educación, trabajo y salud, hasta oportunidades de capacitación y progreso social. Esa va a ser la mejor inversión para un proyecto nacional y popular.