Las tareas de la UCEP

Muchas veces un candidato suele hacerse de un cargo político de base electoral a fuerza de carisma, simpatía, un puñado de promesas populistas y un enemigo marcado a quien sacarle rédito. Lo que menos suele tenerse en cuenta a la hora de votar y a la hora de la campaña, es la ideología; pero con el devenir de la gestión es justamente este ítem el que aflora en cada acto de gobierno y puede resultar contrario a lo que los propios votantes esperaban a la hora de emitir el sufragio.
Un caso como este se ha dado en la otrora progresista Ciudad de Buenos Aires, donde la voluntad popular erigió a un gobierno con marcada tendencia a la derecha. Mauricio Macri encarnaba al empresario exitoso, simpático, joven y entrador; pero también a un hombre con ideología signada por la década del ´90, netamente monetarista, de poca sensibilidad social y con muy poca cintura política para encarar los problemas sociales de los porteños.
Cuando el actual Jefe de Gobierno porteño hablaba de trabajar para que los habitantes tuvieran la ciudad que se merecen, habría que haberle preguntado a quién considera ciudadanos y a quién no.
En los últimos días han salido a la luz los movimientos de una unidad de operaciones dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires llamada UCEP (Unidad de Control de Espacios Públicos). Dicha unidad que en principio debería estar destinada a velar por el buen uso del espacio público y persuadir a los usurpadores (con este término son definidos en el decreto de realización) que desistan en su actitud; muy lejos de manejar estos menesteres se ha convertido en una suerte de grupo de tareas o fuerza de choque del gobierno porteño. No es antojadiza esta descripción. Su principal actividad es desarrollada de noche y tiene que ver con desalojos violentos de viviendas, personas que duermen en la calle o vendedores ambulantes . Insultos, violencia, malos tratos, manoseos y uso ilegal de poder de policía para realizar tareas que no le competen y son altamente condenables, son una constante en las noches porteñas y se vienen desarrollando hace muchos meses. Estos hombres que realizan el trabajo sucio del gobierno macrista (¿querrán de esa manera limpiar la ciudad?¿será una nueva modalidad de la vieja empresa familiar Mantenga limpia Buenos Aires?) se nutre de barras bravas de algunos equipos de primera división de fútbol y otro tipo de personas que nada tienen que ver con la legalidad, aquella a la que suele apelar el propio Macri en sus apariciones mediáticas.
La noticia tomó forma de imagen y dejó de ser denostada como una acusación barata de la oposición porteña cuando los vecinos de los habitantes desalojados del edificio ubicado en la calle Pasco se solidarizaron con ellos y filmaron mediante celulares y cámaras de fotos todos los maltratos este desalojo forzado por la violencia de los hombres de la UCEP. Raramente estas imágenes que sirvieron para que el Observatorio de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentaran una causa penal contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 5 de estos casos de violencia y violación a los Derechos Humanos, no fueron tomados por ningún medio a excepción de Canal 7. Se hace raro pensar, en casos como este, que la censura de la que tanto hablan algunos sectores que no están a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se cumpla de hecho desde la corporación de multimedios que hoy tienen gran incidencia sobre la opinión pública. Cabe entonces preguntarse desde el periodismo hasta qué punto uno no empieza a convertirse en cómplice de un delito cuando sabe de su existencia y no lo publica.
Pero también cabe preguntarse sobre el rol que tienen los gobernantes en este momento en que vivimos, ya que si un gobierno avala tareas ilegales como las que se están desarrollando hoy en la Ciudad de Buenos Aires y nadie termina por denunciarlo y se sigue permitiendo, estas tareas se institucionalizan y terminan por naturalizarse. Más allá de lo ideológico, Mauricio Macri está al frente de una administración que está cometiendo delitos que creíamos que ya habían quedado en el pasado y por eso debe responder a la Justicia. Muchos ciudadanos han puesto en manos de ese funcionario un mandato que no tiene que ver con persecusiones ilegales, y es a esos ciudadanosa los que debe responder. Porque un mandato no debe dar impunidad, sino obligaciones.